La deportación forzosa de miles y miles de menores

En febrero de 2022, Rostislav Lavrov tenía 16 años y vivía con su madre en un pueblo del sureste de Ucrania. Cuenta al medio estadounidense NPR que, cuando las tropas rusas irrumpieron allí, se llevaron a la mujer a un “centro médico” del que no ha regresado, mientras que al chico lo enviaron a Crimea, ocupada por Moscú desde 2014, para “rusificarlo”. “Todas las mañanas escuchaba el himno ruso, narra. Nos decían que Ucrania ya no existiría. Que no nos necesitaban en ningún sitio. Que nadie nos esperaba en casa”.Algunos no sabrán jamás que nacieron en Ucrania, pues entre los más de 19.500 menores que han sido llevados lejos de sus hogares por los militares y funcionarios rusos hay lo mismo jovenzuelos con bozo que bebés de cuatro meses.

Según un informe del director del HRL, Nathaniel Raymond, hasta el 17 de marzo pasado se habían podido recuperar 1.236 muchachos, que son muy pocos en comparación con los 19.500 secuestrados. Además “el número real de menores que permanecen en Rusia es significativamente superior”. De hecho, en febrero de 2024, la comisionada para los Derechos de la Infancia, Maria Lvova-Belova reconoció, citada por la BBC, que 730.000 niños ucranianos habían sido transferidos a Rusia, sin especificar cuántos lo habían hecho con sus padres o habían sido llevados allí sin anuencia de estos.

El daño que inflige esta ilegal política a la familia ucraniana es tan brutal que el presidente Vladímir Putin y su comisionada Lvova-Belova se han ganado  una orden de arresto por parte de la Corte Penal Internacional, por la deportación forzosa de miles y miles de menores, algo que el Estatuto de Roma de 1998 (art. 8.2.b.VIII) considera un crimen de guerra. El Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), con sede en Washington, menciona la existencia de documentos oficiales rusos del 18 de febrero de 2022 (seis días antes de la agresión) para entrar a saco en los orfanatos del este ucraniano y llevarse a los menores prontamente a Rusia.A los que vivían con sus padres, en muchos casos el pretexto para quitárselos ha sido la inconformidad de estos con el régimen de ocupación. Según narraba en 2023 a DW la ucraniana Daria Gerasymchuk, comisaria presidencial para los Derechos del Niño, si los adultos se mostraban “problemáticos” y “poco colaborativos”, las autoridades rusas les revocaban sus derechos parentales y se llevaban al menor. Igualmente, en los “procesos de filtración” (la detención y los interrogatorios a los residentes locales, sin que medie cargo alguno contra ellos), se ha separado a las familias arbitrariamente. “Arrestan a los padres, sin ninguna acusación, y a los niños se los llevan sin el menor problema, cuenta Gerasymchuk.

Fuente: Aceprensa

Venezuela incurrió en delitos de lesa humanidad

Las fuerzas de seguridad de Venezuela han estado involucradas en un uso sistemático de la violencia desde 2014 bajo órdenes del gobierno

Activistas defensores de Derechos Humanos celebraron el avance a la fase III del examen preliminar la Corte Penal Internacional (CPI) sobre el caso Venezuela I, referente a los crímenes de lesa humanidad que habría cometido Nicolás Maduro desde 2017. "Nos sentimos satisfechos porque hemos llegado a este punto de manera veloz, y todo parece indicar que vamos a seguir avanzando a este paso", afirmó Gonzalo Himiob, vicepresidente de la ONG Foro Penal, durante una rueda de prensa en Caracas. Explicó que cuando se haga la presentación formal del informe de la fase II, se pasará a la frase III, en la que "el gobierno va a tener que demostrar que se están investigando estos crímenes de lesa humanidad", cometidos durante las masivas protestas antigubernamentales del 2017, que dejaron unos 125 muertos, "hasta con la posibilidad de los delitos de 2014 si es pertinente”. "Si en Venezuela están dadas las condiciones para que los culpables de esos crímenes que está revisando la Fiscalía del Tribunal Penal internacional terminen siendo condenados, la Corte no se puede meter, y eso fue básicamente lo que le dijo ayer la fiscal a los funcionarios del gobierno". Fatou Bensouda, fiscal de la Corte Penal Interamericana, le comunicó en una reunión en La Haya a Tarek William Saab, fiscal designado por la Constituyente chavista y a Alfredo Ruiz, defensor del Pueblo, que hay motivos suficientes para creer que Venezuela incurrió en delitos de lesa humanidad.

Maduro investigado por delitos de lesa humanidad

Rafael Narváez, defensor de DDHH sostuvo que la declaración de Bensouda, "es un paso sumamente importante para iniciar la investigación penal correspondiente, siendo el primer caso latinoamericano procesado por la CPI”. Resaltó que todos los señalados de haber cometido tales crímenes han sido "premiados y condecorados por el régimen" y que hay militares de alto rango quienes "torturaron y asesinaron a cientos de manifestantes en el 2017", que se postularon como candidatos a diputados a la Asamblea Nacional. ”Les recuerdo, la CPI y el sistema universal de los derechos humanos no concede privilegios a los responsables de cometer crímenes de lesa humanidad", puntualizó.