Industria de la muerte

El Senado español ha aprobado por 155 votos a favor, 100 en contra (de PP y Vox) y 3 abstenciones la ley de eutanasia, que permite a sanitarios matar enfermos si lo piden los enfermos expresamente o si consta algún documento anticipado en que lo pidieran.

José Manuel Marín

El senador José Manuel Marín, que es médico, ha protestado, recordando que "nadie tiene derecho a provocar la muerte de un semejante gravemente enfermo, ni por acción ni por omisión". Ha denunciado que el Gobierno "quiere instaurar la industria de la muerte". Y ha añadido: "Díganme que no se van a realizar eutanasias involuntarias. ¿Cómo van a controlar que no se produzcan si al tiempo prevén hacerlo en residencias y domicilios por médicos privados que cobran por ello? ¿Por qué no se prevé su práctica solo en hospitales públicos? Solo cabe una respuesta, porque quieren instaurar la industria de la muerte”.

Las eutanasias, según esta ley, se pueden hacer en centros concertados, incluso en lugares especializados sólo en ello, o en domicilio, con la visita de un eutanasiador alentado y apoyado por parientes del enfermo o anciano, quizá impacientes por heredar, y lejos de la mirada molesta de enfermeros, sanitarios, oncólogos o paliativistas.

La ley pide a los sanitarios objetores de conciencia que expresen su objeción apuntándose por escrito y de manera anticipada en una lista de objetores, supuestamente confidencial. Pero no está claro que eso encaje con la jurisprudencia española que ya existe sobre objeción de conciencia sanitaria ni con la Constitución y podría ser uno de los puntos que el Tribunal Constitucional tumbase con más facilidad. Además, esa lista negra previa cuenta con la oposición firme de numerosos colegios de médicos, incluso de aquellos controlados por defensores de la eutanasia.

Si se jerarquiza el valor de la vida humana, es muy corto el paso que falta para justificar un genocidio

Si se establecen excepciones o se jerarquiza el valor de la vida humana, de modo que unas valgan más que otras, es muy corto el paso que falta para justificar un genocidio, dice Alberto de Lucas, profesor de la Universidad de Navarra. 

La vida de los negros importa, la vida de los ancianos (o de los mayores de X) importa, la vida de las mujeres importa, la vida de los homosexuales importa, la vida de los inmigrantes importa, la vida de los niños, nacidos o no, importa, la vida de los enfermos importa, la vida de los que padecen algún síndrome, peculiaridad o enfermedad importa. Importa cualquier vida humana e importan todas por igual. Todas ellas tienen el derecho de existir, dice de Lucas, tenemos el deber de conservarlas y de evitar cualquier tipo de violencia contra ellas, el deber de protegerlas. Esta debería ser la base de cualquier legislación (o ejecución, incluso excepcional, de la ley). Si esto no se tiene muy claro, el resto de la legislación carece de los cimientos fundamentales. Si se establecen excepciones o se jerarquiza el valor de la vida humana, de modo que unas valgan más que otras, es muy corto el paso que falta para justificar un genocidio. Si se establece que determinados beneficios personales, comunitarios, sociales, económicos, sanitarios, o de cualquier índole están por encima de la vida de un solo individuo, cualquier vida acaba siendo prescindible.

España es el país del mundo con el mayor número de profesionales infectados con coronavirus

España es el país del mundo con el mayor número de profesionales de la salud infectados con coronavirus, según los datos oficiales disponibles. Un informe publicado por el Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades (ECDC) muestra que el 20% de los casos de infecciones registrados en España se refieren a ese grupo, mientras que en Italia ese porcentaje cae al 10%, aunque en Lombardía, el epicentro de la epidemia en ese país, el porcentaje también es del 20%. En los Estados Unidos, los trabajadores sanitarios infectados apenas alcanzan el 3% y en China, donde empezó la pandemia, alcanzan el 3,8%.