España es miembro de la Unión Europea y eso significa que está sometida al dictado de las políticas comunes, lo que a su vez implica que las grandes medidas de tipo económico que la afectan son el resultado de consensos previos o de imposiciones de unos países sobre otros, que no siempre son favorables para el conjunto. La estructura económica de los distintos miembros de la Unión Europea es muy diferente y sus intereses en muchos casos son incluso antagónicos, lo que hace que las políticas que convienen a determinados grupos sociales de unos países resulten claramente perjudiciales para otros. Y si bien los mecanismos de compensación pueden mitigar a veces los efectos dañinos que conlleva aplicar determinadas políticas, no siempre se acaba por resolver este conflicto, que es uno de los grandes problemas de fondo de la Unión.
