Sólo un 12,3 % de las denuncias por violencia de género presentadas se han resuelto con una condena.

Según un informe realizado por la Asociación Erich Fromm  basado en datos del Observatorio de Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial, sólo un 12,3 % de las denuncias por violencia de género presentadas entre 2004 y 2015 se han resuelto con una condena, incluyendo hombres y mujeres.Esto supone que la Justicia considera que en el 87,7% de los casos, los supuestos delitos denunciados no están probados, son archivados o sobreseídos o se trata de denuncias falsas o simulaciones de delito. En esta situación, según los datos del CGPJ, se encontrarían más de un millón de denuncias en ese periodo (1.299.578).

De las 1.482.041 denuncias interpuestas entre 2004 y 2015 bajo el amparo de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Genero,  177.994 desembocaron en una condena contra un varón, lo que supone un 12% sobre el total de denuncias.Por otro lado, cabe señalar que, en el caso de las mujeres, el porcentaje de condenas respecto al total de denuncias se queda en el 0,3%, que corresponde a 4.469 condenas en el mismo periodo.

Entre las consecuencias inmediatas para el varón denunciado, antes de que se produzca una condena, se encuentra la detención inmediata, la estancia en un calabozo hasta un máximo de 72 horas, la expulsión del domicilio familiar, el alejamiento de los hijos, la imposibilidad de custodia compartida hasta que se resuelva el juicio penal o la imposibilidad de acceso a cualquier subvención pública.Por otro lado, la mujer por el mero hecho de interponer denuncia, sin que medie sentencia, tiene derecho a asistencia social integral, asistencia jurídica gratuita, numerosas ventajas laborales tanto si tiene trabajo como si está buscando, eximente de cotización a la Seguridad Social durante seis meses y la percepción de la Renta Activa de Inserción, entre otros.

Estos efectos tan importantes podrían, a juicio de la asociación Erich Fromm, favorecer la interposición de “denuncias instrumentales” que, además de las consecuencias sociales y jurídicas, llevan aparejado un gasto destinado a ayudar a las víctimas que, en vez de llegar en su integridad a las mujeres maltratadas, estaría llegando a otras personas. Un ejemplo de esto fue la operación desarrollada en 2012 por la Guardia Civil en Almería en la que se desarticuló una red dedicada a interponer denuncias falsas de malos tratos para conseguir la residencia a mujeres marroquíes. Estas mujeres, además de lograr una estancia legal en España, obtenían una ayuda de 400 euros mensuales durante seis meses.