Nicaragua continúa con su camino de represión

Nicaragua continúa con su camino de represión hacia las entidades que no se alinean con el gobierno de Ortega. El 18 de agosto, el régimen de Ortega ha ordenado el cierre de otras 1.500 organizaciones no gubernamentales. La ONU denuncia que la acción merma la libertad religiosa en el país.Esa medida, sin precedentes al ser la primera vez que se ilegalizan 1.500 ONG en un solo acto, se dio tres días después de que el ejecutivo sandinista anunciara que reformará el funcionamiento de las ONG, que tendrán ahora que formar “alianzas” con instituciones del Estado para ejecutar sus proyectos en el país. A partir de la fecha los ONG que funcionan en Nicaragua se regirán por un nuevo modelo de operatividad que hemos caracterizado como ‘alianzas de asociación’”, dijo el viernes pasado la vicepresidenta nicaragüense, Rosario Murillo, a través de medios oficiales. La disolución de estas 1.500 organizaciones fue aprobada por la ministra del Interior, María Amelia Coronel, según un acuerdo ministerial publicado en el Diario Oficial La Gaceta de Nicaragua.

Sobre la liquidación del patrimonio de los organismos, el Ministerio del Interior indicó que corresponderá proceder de oficio a la Procuraduría General de la República en el traspaso de bienes muebles o inmuebles a nombre del Estado de Nicaragua.

Entre las 1.500 ONG canceladas se encuentra la Asociación Caritas Diocesana de Granada, Asociación Mariana del Santuario de la Virgen de Cuapa, Asociación Teresiano Carmelitana de Nicaragua, Asociación Tabernáculo Bautista de Nicaragua Amigos de Israel, Asociación Tabernáculo Bíblico Bautista Luz de Israel, la Asociación de Ministerios Evangélicos Hispanos Amigos de Israel, Club Rotario de Granada y Fundación Casa de los Tres Mundos.También la Asociación Comisión Nacional Ganadera de Nicaragua, Unión Nicaragüense de Cafetaleros, Asociación de Cafetaleros de Masatepe, Asociación de Hoteles de Nicaragua, Asociación por los Derechos de la Diversidad Sexual Nicaragüense, Asociación Autónoma de Mujeres, Asociación Movimiento Indígena de Monimbó, Asociación Mayagna Sauni as Kaluduhna, y Asociación de Discapacitados Indígenas del Caribe. Se calcula que unas 5.000 ONG han sido ilegalizadas o expropiadas por el Gobierno en los últimos seis años.

La Universidad Juan Pablo II, la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua y Cáritas de Nicaragua fueron canceladas por orden del gobierno

La Universidad Juan Pablo II y la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua (UCAN) fueron canceladas con un decreto oficial “por estar en incumplimientos de sus obligaciones conforme a las leyes que los regulan”. La resolución está firmada por la ministra de Gobernación, María Amelia Coronel Kinloch, titular del ministerio de Gobernación de Nicaragua.Los bienes de ambas universidades son traspasados al Estado, según el reglamento de la Ley 1115 sobre organismos sin fines de lucro. Los estudiantes pasan a integrarse en otras universidades según dictamine el Gobierno. El proceso de apropiación por el Estado de estas instituciones y sus bienes corresponde a la línea de supresión de libertades propia del régimen de Ortega.  

Poco después, el gobierno sandinista determinó la cancelación de la personalidad jurídica de Cáritas de Nicaragua. La decisión fue aprobada por la ministra de Gobernación, María Amelia Coronel Kinloch, según el acuerdo ministerial publicado en el Diario Oficial, La Gaceta. La cancelación de la personalidad jurídica llega “por disolución voluntaria y liquidación de dicho organismo”, acordada unánimemente por sus miembros, según declara el Ministerio de Gobernación, en la sesión extraordinaria del 31 de enero, según comunica la agencia EFE.Cáritas de Nicaragua es el órgano de la pastoral social de la Iglesia católica para ayuda a los pobres, tanto con aportación de alimentos o medicinas como con asesoría a inmigrantes o personas en riesgo de exclusión social.El presidente Ortega ha atacado repetidamente a lo que llama “mafia de la Iglesia católica”. La acusa de ser antidemocrática por impedir la elección del Papa, cardenales, obispos y sacerdotes por el voto directo de los católicos.

Misioneras de la Caridad escoltadas por la policía nicaragüense hasta la frontera

Las monjas de la orden Misioneras de la Caridad, fundada por la Madre Teresa de Calcuta, abandonaron Nicaragua después de que el gobierno de Daniel Ortega cerrara su asociación junto con otras organizaciones benéficas y civiles. Las monjas fueron escoltadas por la policía hasta la frontera y cruzaron a pie a la vecina Costa Rica después de ser obligadas a disolver la agrupación y cerrar sus obras benéficas.La Iglesia católica ha denunciado abiertamente las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua.

Las Misioneras de la Caridad, creada el 16 de agosto de 1988 durante el primer gobierno sandinista (1979-1990) tras una visita a Nicaragua de la madre Teresa de Calcuta, mantenía una guardería, un hogar para niñas víctimas de abusos o abandonadas y un asilo de ancianos.En 2019, Silvio Báez, uno de los obispos más críticos con el gobierno de Ortega, abandonó el país tras recibir varias amenazas de muerte.Más recientemente, en marzo, el gobierno expulsó al Nuncio Apostólico en una decisión que el Vaticano calificó de "medida unilateral injustificada".

El gobierno de Nicaragua puede estar cometiendo crímenes de lesa humanidad

Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia califica de "alarma nacional" el contexto político de Nicaragua, por casos como el asesinato de indígenas sin investigar, detenciones "ilegales" y juicios contra disidentes, carestía de la vida, y ataques a la prensa. "La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia declara alarma nacional ante una serie de actos de represión del régimen Ortega-Murillo, que están ocasionando más sufrimiento al pueblo de Nicaragua", señala.

Resaltó el informe de la Alianza el reciente asesinato de entre 13 y 18 indígenas en el noreste de Nicaragua, denunciado la semana pasada por una ONG. "Este asesinato masivo contra comunitarios indefensos se tipifica internacionalmente como crimen de lesa humanidad”.

El gobierno de Daniel Ortega ha llevado a prisión a unos 35 líderes opositores y profesionales independientes, incluyendo a siete aspirantes a la Presidencia y dos exguerrilleros sandinistas disidentes, sumados "a los otros 137 presos políticos que se encuentran encarcelados por exigir libertad y democracia", indica el informe. "Esas detenciones ilegales han elevado la gravedad de las violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses al desconocerse el paradero preciso de dichas personas, no conocer el estado de su integridad física, estar incomunicados, no recibir alimentos, no recibir visitas de familiares ni tener acceso a la defensa", resaltó la Alianza, que además rechazó "las audiencias secretas que se están ejecutando" contra los reos.

La actual Nicaragua del sandinista Daniel Ortega.

Los templos en Nicaragua han servido de refugio a manifestantes que escapan de los ataques armados del Gobierno sandinista de Daniel Ortega, y que han dejado unos 350 muertos desde abril, según recoge agencia Efe.

Desde junio pasado, cuando el episcopado, en su calidad de mediador de un diálogo nacional para superar la crisis, pidió al presidente Daniel Ortega adelantar a marzo de 2019 las elecciones de 2021, para superar la grave situación de Nicaragua, al menos 7 templos católicos han sido profanados.

En las últimas semanas, parroquias de Carazo, Masaya, Managua, Granada, Matagalpa y Estelí han denunciado ataques, asedio, robos y profanación por grupos de simpatizantes y civiles armados enmascarados afines al Gobierno.

Simpatizantes del Frente Sandinista

El 9 de julio en Diriamba, Carazo, obispos y sacerdotes fueron agredidos por parapolicías y simpatizantes del Frente Sandinista. Los agresores invadieron un templo y agredieron al cardenal Brenes, al nuncio apostólico Stanislaw Waldemar Sommertag, así como al obispo Silvio Báez, además de los sacerdotes Edwin Román y Miguel Mántica, algunos de los cuales resultaron heridos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) han responsabilizado al gobierno de Ortega de graves violaciones de los derechos humanos. La CIDH ha denunciado "asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven del país”.