La pesca intensiva y la pesca ilegal penaliza a los verdaderos pescadores

Los gobiernos deberían aprobar legislaciones "para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los pescadores y sus familias y redoblar su  lucha contra el trabajo forzoso y la trata de personas”, manifiesta el cardenal Peter Kodwo Appiah Turkson. La pesca, dice el cardenal, emplea a unos 59,5 millones de personas. Uno de cada dos trabajadores en el sector pesquero es mujer.

La pesca intensiva y la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, prácticas que todavía se llevan a cabo en distintos lugares del mundo, bajo cualquier pabellón, y que son perpetradas, con frecuencia, por grupos que cuentan con poderosas flotas y mejores recursos. Violan las leyes y las normativas internacionales y nacionales. “Esto penaliza a los verdaderos pescadores y a las comunidades pesqueras, que tienen que hacer frente a una competencia desleal y ver como se agotan las poblaciones de peces a un ritmo que provoca que éstas no tengan tiempo de regenerarse. Se trata de una práctica que no es sostenible y que implica una disminución de las reservas pesqueras y una reducción de la capacidad de producción en el futuro”.

Regulación del sector pesquero.

La conservación de los recursos pesqueros implica la necesidad de garantizar una explotación sostenible de los mismos desde el punto de vista ambiental y la viabilidad a largo plazo en este sector. Para alcanzar este objetivo, la Unión ha aprobado varias normas que regulan el acceso a las aguas de la Unión, la asignación y el uso de los recursos, los totales admisibles de capturas, la limitación de los esfuerzos pesqueros y otras medidas técnicas.

El dueño de una piscifactoría no tiene incentivos para matar demasiados peces, porque al eliminarlos disminuye sus existencias y rebaja sus ingresos potenciales. Cuando la pesca es en alta mar, sin embargo, la disminución de las existencias es prácticamente una externalidad. El coste se traslada a los demás pescadores, que en el futuro tendrán menos género disponible. Pero si todos los pescadores hacen lo mismo, al final ninguno de ellos podrá pescar. Aun así, no tienen incentivos individuales para dejar de pescar. Si no existe ninguna normativa que limite la captura, reducir la pesca individual sólo implicará pescar menos este año y en los años futuros también (porque los demás pescadores seguirán pescando en exceso). En estos casos, la única solución es la regulación. La pesca suele organizarse con un sistema de cuotas que establece un máximo de piezas por cada pescador. Esto funciona razonablemente bien cuando las existencias pertenecen a las aguas territoriales de un solo país (aunque los pescadores exigen un aumento de cuota todos los años). Si el género migra por las aguas de varios países distintos, o si se trata de aguas internacionales, entonces el problema a menudo se hace irresoluble.

La conservación de los recursos pesqueros implica la necesidad de garantizar una explotación sostenible de los mismos desde el punto de vista ambiental y la viabilidad a largo plazo en este sector