El juez es juez hasta que accede a la política

Algunos jueces han colgado temporalmente su toga para dedicarse a la política. Que un juez cuelgue la toga y ostente otro cargo público por vía política es razonable hasta cierto punto, que es precisamente su reincorporación a la judicatura, que debería prohibirse, y ello porque la política suele configurar peajes, favores y beneplácitos, con lo que una vez que se cuelga la toga para estos menesteres, debería perderse para siempre, al menos para volver a impartir justicia. El juez es juez hasta que accede a la política ya que en este ámbito  pierde  independencia,  y aunque pretenda volver a recuperarla con su reingreso, resulta utópico dado que el justiciable verá  un juez con logo, afirma Jaime Company.

La falta de independencia adquiere su máxima expresión cuando el debate jurídico deja de fundarse en Derecho, escribe Company, cuando se aparta la sana crítica y cuando se confluyen elementos subjetivos.Cuando la independencia se transforma en injerencia, la justicia deja de ser justicia y el Estado deja de ser democrático. La solución es dejar a un lado la apariencia y sentar las bases, con propuestas firmes, con denuncias públicas desde cualquier vertiente y con hechos ciertos, no es suficiente citar reiteradamente normas que no se cumplen.

La senadora Diana DeGette critica a la nueva directora del Programa Nacional de Planificación Familiar por sus creencias religiosas.

Donald Trump ha nombrado a la ginecóloga Diane Foley como nueva  directora del Programa Nacional de Planificación Familiar, dentro del Departamento de Estado de Salud. La doctora Foley dirigió Life Network, una organización de Colorado que ofrecía recursos a las mujeres embarazadas que los solicitaban y además ha trabajado en el sistema de salud público.

Senadora Diana DeGette 

No han tardado en darse ataques contra la nueva directora del Programa Nacional de Planificación Familiar por parte de grupos proaborto. La senadora Diana DeGette ha criticado a Foley por sus creencias religiosas, aplicando la lógica progresista de que sólo pueden tener sus creencias y aplicarlas en cargos públicos los que se declaran favorables al aborto, pero no pueden hacerlo quienes se muestran contrarios.