La voluntad de todo un pueblo no puede hacer justo lo que es injusto

“La voluntad de todo un pueblo no puede hacer justo lo que es injusto”, dijo Benjamin Constant, el gran constitucionalista del liberalismo francés, que continuaba, en sus Principios de política aplicables a todos los gobiernos representativos (1815): “El pueblo no tiene derecho de castigar a un solo inocente, ni tratar como culpable a un solo acusado, sin pruebas legales. No puede, pues, delegar en nadie semejante derecho. El pueblo no tiene el derecho de atentar contra la libertad de opinión, la libertad religiosa, las garantías judiciales, las formas protectoras. Ningún déspota, ninguna asamblea, puede ejercer un derecho semejante diciendo que el pueblo se lo ha conferido. Todo despotismo es entonces ilegal; nada puede sancionarlo, ni aun la voluntad popular en que pretende fundarse, ya que, en nombre de la soberanía del pueblo, se arroga un poder que no está comprendido en tal soberanía, y, en tal caso, ya no se trata únicamente de un desplazamiento del poder, sino de la creación de un poder que no debe existir”. El ejemplo más palmario para ilustrar en la actualidad cómo puede crearse este poder absoluto bajo el paraguas de la soberanía popular son las Asambleas Constituyentes de que se ha valido en Hispanoamérica el socialismo del siglo XXI para instalar su reinado. La primera de ellas fue la de Venezuela, en 1999, pocos meses después de llegar Hugo Chávez a la presidencia por la vía electoral. Todo ello, como se sabe, sucedió al colapso de los grandes partidos tradicionales, que, aunque apoyados ampliamente por las masas durante varias décadas, acabaron funcionando como redes al servicio del tráfico de influencias, de la corrupción y de otros vicios, hasta tal punto que los venezolanos dejaron de sentirse representados por ellos. Comprendido esto por algunas personas, a partir de la década de 1980 comenzó a hablarse de la necesidad de reformar profundamente el modelo político, previendo que aquella situación precipitara el fin de la democracia. En 1992, la intentona armada de golpe de Estado que lideró Hugo Chávez dejó en evidencia la factibilidad de tal amenaza. Comenzó entonces a agitarse la bandera de la democracia participativa, entendiendo que el problema era sustraer la acción política del exclusivo y excluyente poder de los partidos. El desprestigio de estas instituciones fue sin duda lo que, en las elecciones de 1998, inclinó el favor popular hacia el militar golpista devenido en candidato y hacia su propuesta de convocar una Asamblea Constituyente. Para recurrir a esta figura, que no tenía asidero legal, se alegó la voluntad pronunciada del pueblo en un referendo consultivo donde se le preguntó si estaba de acuerdo con ello.