El tema del land grabbing, la usurpación de tierras, fue denunciado por primera vez por la organización GRAIN, que en 2008 publicó un primer informe global en el que sacaba a la luz un centenar de casos de operaciones en las que los gobiernos, principalmente africanos, pero también del sudeste asiático y de América Latina, habían hecho concesiones a empresas extranjeras de grandes extensiones de tierras que normalmente eran cultivadas por campesinos locales. Un nuevo informe de GRAIN de 2016 pone de manifiesto que en la actualidad hay en marcha una serie de nuevas operaciones, bien planificadas y con perspectivas de duración, destinadas a desarrollar proyectos de agricultura industrial. Según diversas estimaciones de organizaciones internacionales (Oxfam, International Land Commission, etc.), millones de hectáreas de tierra cultivable han sido usurpadas a lo largo de estos últimos años a pequeños y medianos cultivadores. A este expolio hay que añadir además el del agua, destinada a explotaciones mineras, al aprovechamiento para el consumo embotellado o para usos industriales, como la producción de electricidad. Esta situación ha dado lugar a una guerra abierta de los intereses de las grandes empresas internacionales, aliadas con los gobiernos locales para liquidar la resistencia de los campesinos, llevada a cabo muy a menudo a través del asesinato de sus dirigentes mediante operaciones encubiertas toleradas por las autoridades. Este es precisamente el caso de Honduras, cuya víctima más significativa es Berta Cáceres, dirigente del COPINH (Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras), asesinada el 3 de marzo de 2016 como consecuencia de su campaña contra la central hidroeléctrica de Agua Zarca. Desde el golpe militar de 2009 ha habido en Honduras 123 muertes violentas de activistas campesinos, mientras tropas de operaciones especiales financiadas y preparadas por los Estados Unidos colaboran en la violenta represión de las protestas. Esta clase de asesinatos se producen también en Brasil, Colombia (donde la ONU denuncia que en 2017 fueron asesinados 105 activistas), Guatemala y otros países, pero aparecen en los medios de comunicación como pequeñas noticias de delincuencia local o falsas acusaciones de represión de la guerrilla.
Referencia:Capitalismo y democracia (Josep Fontana)
