La autoridad debe ser siempre susceptible de crítica y estar siempre bajo la tutela de la ley, así como organizarse internamente para maximizar la toma inteligente de decisiones y, por supuesto, evitar la tiranía y la corrupción. Debe también ser fuerte y estar lo suficientemente unida como para imponer un único conjunto de normas a todos los ciudadanos.
La separación de los poderes es obviamente un rasgo crucial del organismo constitucional. Los distintos miembros deben supervisarse unos a otros y cada uno de ellos debe tener el interés institucional de mantener a los demás al abrigo de la corrupción y de asegurarse que funcionan según los cauces legales. Además, debe reservarse un importante remanente de poder para los votantes, en particular el poder de discutir sin trabas los asuntos políticos en una prensa libre y el de expulsar al legislativo del poder en elecciones periódicas. Pero la separación de los poderes y el gobierno representativo son perfectamente compatibles con un sistema en el que el uso legítimo de la violencia física sea monopolio absoluto de las autoridades públicas. La existencia de contrapesos institucionales busca regular el gobierno, no paralizarlo o destruir su capacidad de gobernar. Hume era explícito en este punto: en todo gobierno libre habrá una “partición de poder entre varios cuerpos”. Es más probable que un gobierno así dividido “actúe según reglas generales e iguales” promulgadas públicamente y conocidas por todos, que haga lo propio uno que no lo esté. Distribuir el poder no lo disuelve necesariamente. Cuando los cuerpos de un gobierno libre se separan, la unión de su “autoridad no es menor, sino, por lo general, mayor, que la de un monarca”. (Hume, Of the Origin of Government, Essays)
