Desde abril de 2018, el gobierno del presidente Daniel Ortega empezó su acoso cada vez más insistente contra la Iglesia, primero contra líderes católicos (laicos o clérigos) que habían apoyado a manifestantes pacíficos, después contra sacerdotes, obispos, ONGs, apostolados, instituciones... Y recientemente incluso contra las procesiones populares. El régimen ha prohibido más de 16.500 procesiones en estos años. También el cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, vive bajo constante vigilancia policial. Los líderes católicos y eclesiales han sido expulsados, encarcelados o forzados a un silencio temeroso.
Los feligreses tienen más miedo que nunca, les vigilan desde el ayuntamiento y agentes estatales. En 2025, además, Ortega ha puesto en marcha una red de paramilitares juramentados, dedicados a intimidar, denunciar, amedrentar. Siempre están cerca de parroquias y centros eclesiales. El régimen recurre también a confiscaciones, cuentas bancarias congeladas, impuestos punitivos y propaganda insistente. El Estado dice a parroquias, escuelas y congregaciones lo que pueden y no pueden hacer. Como en cualquier régimen comunista y anticlerical, el Estado se dedica a confiscar edificios y propiedades de la Iglesia, desde casas parroquiales hasta centros de retiro.
El Gobierno prohibió a los medios católicos publicar una carta del nuevo Papa León XIV. En cambio, Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua y esposa de Ortega, usa los medios de comunicación estatales para generar hostilidad contra la Iglesia.
Los feligreses tienen más miedo que nunca, les vigilan desde el ayuntamiento y agentes estatales. En 2025, además, Ortega ha puesto en marcha una red de paramilitares juramentados, dedicados a intimidar, denunciar, amedrentar. Siempre están cerca de parroquias y centros eclesiales. El régimen recurre también a confiscaciones, cuentas bancarias congeladas, impuestos punitivos y propaganda insistente. El Estado dice a parroquias, escuelas y congregaciones lo que pueden y no pueden hacer. Como en cualquier régimen comunista y anticlerical, el Estado se dedica a confiscar edificios y propiedades de la Iglesia, desde casas parroquiales hasta centros de retiro.
El Gobierno prohibió a los medios católicos publicar una carta del nuevo Papa León XIV. En cambio, Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua y esposa de Ortega, usa los medios de comunicación estatales para generar hostilidad contra la Iglesia.
