En Pekín, un ciudadano que cruza en rojo puede ser multado instantáneamente en su cuenta bancaria. También puede verse inmortalizado en un loop de vídeo cruzando indebidamente en las marquesinas de las paradas de autobús, para escarnio propio y de su familia. Si comete más infracciones, como aparcar mal, criticar al Gobierno en una conversación privada con su madre o comprar más alcohol que pañales, podría perder el empleo, el seguro médico y encontrarse con que ya no puede conseguir otro trabajo ni coger un avión.
Así es como funcionará el nuevo sistema de crédito social chino, “los buenos ciudadanos caminarán libres bajo el sol y los malos no podrán dar un paso”.El sistema de crédito chino depende de más de cuatrocientos millones de cámaras que vigilan permanentemente a la población, todas conectadas a servidores con sistemas de reconocimiento facial en tiempo real. Forma parte de un programa llamado Sharp Eye, pero en realidad cualquier cámara, micrófono o sensor de cualquier dispositivo chino en cualquier lugar es parte del sistema de vigilancia del Gobierno, incluidos los teléfonos móviles. La nueva Ley de Cyberseguridad, aprobada en 2017, reclama soberanía nacional sobre el ciberespacio y obliga a las tecnológicas a vigilar a los usuarios, compartir con las autoridades los códigos fuente de todos sus programas y abrir sus servidores para revisiones de seguridad. Además de sacar dinero presentando el rostro en lugar de la tarjeta, la mayor parte de la población cobra, presta y gasta a través de aplicaciones móviles como WeChat Pay y Alipay. La digitalización total de las transacciones es fundamental para el registro y control del Gobierno. Como dice la protagonista en El cuento de la criada, el salto de la democracia a la dictadura es fácil cuando todo el dinero es digital.
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