El catedrático de Periodismo de la Universidad Complutense de Madrid, Fernando Quirós, ha señalado que, ante la situación de falta de regulación de los medios de comunicación, los primeros gobiernos democráticos de UCD apenas reaccionaron en ninguna dirección, fueron los gobiernos socialistas (1982-1996) los que toman medidas destinadas a regular el sector de los medios de comunicación y lo harán asumiendo como propias las tesis de las grandes corporaciones privadas, esto es, la mejor política de comunicación es la que no existe, de forma que el establecimiento de empresas y los procesos de fusión o absorción no deben tener límites, con respecto a los medios públicos, su existencia debe estar ligada a la rentabilidad. Las consecuencias no se hicieron esperar.En muy poco tiempo la prensa regional independiente desaparece. La televisión privada es entregada a quienes ya eran poderosos en otros sectores, con lo que se refuerzan los perfiles multimedia. Los gobiernos del PP(1996-2004), continúa el profesor Quirós, no introdujeron ningún cambio en estas políticas, salvo para modificar las escasas barreras que a la concentración de la propiedad habían puesto los Gobiernos anteriores y aprovechar la privatización de las telecomunicaciones para crear un grupo multimedia políticamente afín.
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sábado, 21 de marzo de 2020
El sector de los medios de comunicación
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lunes, 24 de diciembre de 2018
La concentración de la radio y la televisión.
Según Enrique Bustamante, el rasgo básico es la naturaleza multimedia de casi todos los grupos nacionales, con la agravante de que la regulación de todos los Gobiernos ha tendido a acompañar a posteriori la concentración en lugar de prevenirla o limitarla. Las normas de 2009, permitiendo la concentración máxima de la radio y la televisión, ponen en cuestión seriamente el futuro de la diversidad, ideológica y creativa, en España. La Ley General de la Comunicación Audiovisual (Ley 7/2010, de 31 de marzo), es una norma fundamental que desarrolla la Directiva Europea 2007/65/CE de Comunicación Audiovisual. Se trata de una norma que cede mayor poder al mercado por diversas razones. La primera de ellas es que establece para las empresas lo que denomina derecho a la autorregulación, modo eufemístico de llamar a la prohibición de regulación por parte de los poderes públicos. La periodista de TVE Ana Molano, en un análisis sobre el anteproyecto de esta ley, señalaba que la renuncia del Gobierno a la corregulación, tal como establecía la Directiva Europea, “supone la exposición a la voluntad de los intereses particulares de un bien público cedido a una actividad mercantil sin más control que su propio autocontrol"
Ahora los operadores privados pueden dejar de prestar servicios informativos o arrendar la licencia a terceros (artículo 29), es decir, comerciar con un patrimonio público, la utilización del espacio radioeléctrico. Según Molano, la ley permite “la gestión indirecta, es decir, que alguien que no ha conseguido licencia pública de emisión audiovisual puede obtenerla en el mercado”, lo que, en opinión de la periodista, entra en conflicto con “la Convención de la UNESCO refrendada por el Parlamento Europeo que establece que las actividades, los bienes y los servicios culturales son de índole a la vez económica y cultural, porque son portadores de identidades, valores y significados, y por consiguiente no deben tratarse como si sólo tuviesen un valor comercial”.
En opinión de Ramón Zallo, estamos ante “una autopista
para una gran concentración con el horizonte de sólo tres grupos dominantes, o dos dominantes y otros grupos menores, al final de la carrera”. Un sistema que permite la concentración y no limita el poder lo que desencadena no es mejorar la posición del medio frente al poderoso sino permitir que sea éste, mediante bancos, financieras, grupos industriales, etc, quien acumule todo el control y nadie pueda hacerle sombra. Al final, el poderoso lobby contra el que, nos decían, buscaban protección para garantizar la independencia, es el propio emporio dueño del medio, y, ahora como dueño, no permite autonomía ni independencia alguna a los profesionales. Para agravar aún más la situación, ese poder acaba siendo tan grande que ni siquiera los poderes públicos tienen capacidad para legislar de forma soberana frente a sus influencias.
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