El historiador Stanley Payne cuenta que el régimen de la Segunda República española pareció concentrarse en primer lugar en la esfera religiosa, tolerando o cuasi tolerando la quema de conventos que tuvo lugar en mayo de 1931, coronado por la absoluta negación del principio de una iglesia libre en un país libre y el cercenamiento constitucional de los derechos religiosos, con la idea de poner en marcha un plan para dar fin a la educación católica. Todo ello constituye la variante española de las restricciones que se aplicaron a la Iglesia en Francia en 1905; también se siguieron las prácticas de las repúblicas radicalmente anticlericales de Portugal y México; este último país, en 1926, había intentado simplemente ilegalizar las misas católicas en todo el territorio, siguiendo más tarde una política de asesinatos selectivos de católicos. En junio de 1936 los servicios religiosos quedarían completamente suprimidos en algunas regiones de España y las escuelas católicas se cerrarían. Luego vendrían los asesinatos masivos, en un grado incomparablemente superior a cualquier cosa que se hubiera visto en México.
Los primeros que rechazaron el régimen republicano con violencia e insurrecciones fueron los comunistas (PCE) y los anarcosindicalistas de la FAI-CNT. Entre 1931 y 1933 el Partido Comunista siguió la estrategia del llamado Tercer Período de la Internacional Comunista, que consistía en promover la insurrección y la revolución.Los activistas de la FAI-CNT aprovecharon la inauguración del régimen democrático para causar toda suerte de estragos sobre sus enemigos, provocando veintitrés asesinatos en Barcelona durante las primeras semanas de la República. Más adelante llevaron a cabo tres insurrecciones revolucionarias sucesivas en enero de 1932, en enero de 1933 y en diciembre de ese mismo año. Pequeños sectores de la derecha radical organizaron una revuelta militar, dirigida por José Sanjurjo. Tuvo lugar el 10 de agosto de 1932. Prácticamente la totalidad del Ejército la ignoró.
La República con frecuencia restringió los derechos civiles e impuso una censura más amplia que la que había existido normalmente bajo el régimen de la monarquía parlamentaria. La Ley para la Defensa de la República, de carácter especial, otorgaba al Gobierno amplios poderes para suspender los derechos civiles y las garantías constitucionales.
