La dictadura de Daniel Ortega y su “copresidenta” y esposa, Rosario Murillo, en Nicaragua, no cesa en su persecución contra la Iglesia Católica y otras denominaciones cristianas. Ahora vigila a sacerdotes, revisa sus celulares y les exige informes semanales de sus actividades, además de restringirles la libertad de movimiento. “Los sacerdotes no pueden hablar de temas relacionados con la Doctrina Social de la Iglesia o críticas sociales”, dice el informe de Christian Solidarity Worldwide (CSW).
"Predicar sobre la unidad o la justicia u orar por líderes religiosos encarcelados o incluso por la situación general del país, por ejemplo, puede considerarse una crítica al gobierno y clasificarse como un delito", explica el informe de Christian Solidarity Worldwide. El informe de CSW indica además que protestantes y católicos “denunciaron con frecuencia la infiltración y el uso de informantes en congregaciones de todo tipo, para vigilar e informar sobre el contenido de sermones, oraciones y otras actividades, lo que indica que el gobierno ve a las comunidades religiosas o de creencias con creciente sospecha y las vigila de forma activa y sistemática”.
"Predicar sobre la unidad o la justicia u orar por líderes religiosos encarcelados o incluso por la situación general del país, por ejemplo, puede considerarse una crítica al gobierno y clasificarse como un delito", explica el informe de Christian Solidarity Worldwide. El informe de CSW indica además que protestantes y católicos “denunciaron con frecuencia la infiltración y el uso de informantes en congregaciones de todo tipo, para vigilar e informar sobre el contenido de sermones, oraciones y otras actividades, lo que indica que el gobierno ve a las comunidades religiosas o de creencias con creciente sospecha y las vigila de forma activa y sistemática”.
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